Revisoría Fiscal y Auditoría

Depende del tipo societario y del tamaño. Están siempre obligadas las sociedades anónimas (S.A.) y las sucursales de compañías extranjeras. Las S.A.S. deben tenerlo si al cierre del año anterior superaron 5.000 SMMLV en activos brutos o 3.000 SMMLV en ingresos brutos.

Actúa como un control independiente que protege a los socios, a la empresa y a terceros. Evalúa que las operaciones se ajusten a los estatutos, dictamina los estados financieros, revisa el control interno y verifica el cumplimiento tributario y legal. Su alcance no es solo financiero: abarca también la gestión administrativa y el cumplimiento normativo integral.

No existe tarifa legal fija. El honorario depende del perfil, tamaño y complejidad de la empresa, y se pacta generalmente como honorario mensual mediante contrato de prestación de servicios. Contáctanos para recibir una propuesta a la medida de tu empresa.

No. Son roles distintos e incompatibles en el mismo profesional. El contador elabora la contabilidad; el revisor fiscal la fiscaliza y dictamina de forma independiente. El revisor no registra transacciones ni prepara estados financieros: evalúa si lo que el contador hizo es correcto, razonable y cumple con la normativa. Tener claridad sobre esta distinción garantiza que cada rol aporte su valor real.

Esta incompatibilidad aplica también si la firma que lleva tu contabilidad pretende ejercer la revisoría fiscal bajo otra razón social: si los socios de ambas firmas se cruzan o comparten vínculos económicos, la independencia queda comprometida. La Junta Central de Contadores se ha pronunciado reiteradamente en contra de esta práctica (Circular Externa 33 de 1999), con fundamento en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, que exige que el revisor fiscal esté libre de cualquier vínculo que afecte su objetividad. Quien dictamina debe ser completamente ajeno — en lo profesional y en lo económico — a quien elaboró los registros.

No. Aunque comparten técnicas de revisión, son servicios fundamentalmente distintos. La revisoría fiscal es una figura de origen legal, elegida por la asamblea de accionistas, con alcance integral y cuyos dictámenes tienen fe pública ante el Estado y terceros. La auditoría externa es un servicio contractual y voluntario, contratado por la administración, con un alcance específico definido entre las partes. Entender esta diferencia te ayuda a saber exactamente qué necesita tu empresa.

Idealmente antes del inicio del período que se va a fiscalizar, o en la primera asamblea del año. Un error frecuente es nombrarlo en diciembre «para cumplir el requisito»: un revisor que no estuvo activo durante el año no puede dictaminar ese período válidamente. El nombramiento además debe inscribirse en la Cámara de Comercio para tener efectos ante terceros. Si tu empresa necesita nombrar revisor fiscal, el momento de actuar es ahora.

Los riesgos son concretos: sanciones de la Superintendencia de Sociedades, dificultades para acceder a créditos con entidades financieras que exigen el dictamen, problemas en licitaciones, y mayor exposición a fraudes sin un control independiente. Ciertos actos societarios también pueden ser cuestionados si no contaron con la revisión del cargo. Regularizar la situación cuanto antes es siempre la mejor decisión.

No, y la diferencia es relevante. Ante la DIAN, la Superintendencia de Sociedades y demás entidades del Estado, el único dictamen con plenos efectos legales y fe pública es el del revisor fiscal inscrito — su firma respalda la información de la empresa frente al ordenamiento jurídico colombiano con una responsabilidad que ningún otro servicio de aseguramiento equipara.

El informe de auditoría externa, en cambio, es el documento de credibilidad financiera más solicitado en el mundo empresarial privado: es requerido en procesos de crédito, licitaciones, due diligence previo a inversiones o adquisiciones, y reportes a casas matrices o aliados extranjeros. No reemplaza al revisor fiscal — lo complementa cuando la empresa necesita una opinión independiente sobre un alcance específico o ante audiencias distintas al Estado.